La obligación de emitir facturación electrónica además de afectar a los contratos suscritos con la AGE, también es aplicable a las denominadas empresas de “especial trascendencia económica” que realizan transacciones con el público en general. Entre éstas encontramos los servicios dirigidos a consumidores en áreas tan heterogéneas como el suministro eléctrico, de agua o gas, los servicios financieros, los servicios de agencias de viajes o el transporte de viajeros.

 

En cualquiera de los casos, la emisión de facturas por vía electrónica supone para las empresas un profundo cambio tanto desde el desarrollo y adaptación de sus procesos como en la perspectiva tecnológica. Hay que destacar cinco aspectos claves que las compañías no pueden olvidar:

  1. Este cambio puede suponer una oportunidad para optimizar los actuales procesos de facturación.
  2. Existe un gran abanico de soluciones tecnológicas en el mercado, por lo que es fundamental encontrar aquella que no solo se ajuste mejor a la estrategia de cada compañía, sino que cumpla con la nueva normativa.
  3. Es fundamental tener en cuenta el aspecto internacional antes de ejecutar ningún cambio, ya que las normativas asociadas a la factura electrónica en España son diferentes a las de otros países.
  4. Las facturas electrónicas están sujetas a las mismas normas de uso y conservación que las facturas en papel.
  5. El único formato aceptado por AGE es, por el momento, facturae 3.2, pero hay más formatos de factura electrónica válida que pueden ser solicitados por otros clientes.